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CUESTIONES DE INTERES - EJECUTIVA
Si han transcurrido más de cuatro años desde la finalización del plazo voluntario de pago ¿Estoy obligado a pagar la deuda o ha prescrito el derecho de la administración para liquidarla o cobrarla?

Por regla general la deuda tributaria prescribe a los cuatro años, sin embargo este plazo se puede interrumpir y por lo tanto, iniciarse de nuevo su cómputo, cuando se den algunas de las siguientes circunstancias:

  • Cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria o dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.
  • La interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o  la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso, así como la declaración del concurso del deudor o el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria.
  • Cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación , autoliquidación, al pago o extinción de la deuda tributaria.
¿La administración puede embargar mis bienes y derechos?

Sí, la administración local tiene atribuida por Ley la facultad de utilizar el procedimiento de apremio para el cobro de la deudas. El procedimiento de apremio se inicia con la providencia de apremio, que se notificará al deudor y que tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos del obligado al pago de la deuda.

¿Se puede solicitar información de otros contribuyentes distintos al solicitante?

No, salvo que el solicitante se persone en nuestras oficinas con la correspondiente autorización (Modelo Autorización). Si la consulta sólo se refiere a un bien del que se es copropietario y el recibo no está a nombre del solicitante, bastará con documentar dicha copropiedad.

¿Qué ocurre con los impuestos al fallecer el contribuyente?

El pago de los impuestos que se devenguen a partir del fallecimiento le corresponde a los herederos. En el caso de que sean bienes gananciales, aportando Certificado de Defunción y Título de Propiedad, al año siguiente se emitirán los recibos a nombre de los otros copropietarios. En caso contrario se deberá aportar Certificado de Defunción y Testamento o Escritura de Partición de Herencia o de renuncia a la misma o relación nominativa de los herederos.

Si existen bienes inmuebles a nombre del fallecido, se deberá presentar una autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

¿Qué ocurre con la deuda existente al fallecer el contribuyente?

La gestión recaudatoria continuará con sus herederos, por ser éstos los sucesores de la deuda tributaria del fallecido. Se deberá aportar Certificado de Defunción y Testamento, o Escritura de Partición de Herencia o de renuncia a la misma o relación nominativa de los herederos.

Si compro un inmueble que tenga deuda pendiente por el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana ¿ Tengo que pagar esos impuestos aunque no fuera propietario en los ejercicios pendientes?

El obligado al pago del impuesto sobre bienes inmuebles es, por regla general, el propietario o titular de un derecho real sobre un bien inmueble. Sin embargo, si la deuda por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no se puede cobrar al obligado principal por carecer este de bienes o derechos conocidos, se podrá derivar la deuda sobre el inmueble en cuestión. En este caso, si el propietario actual del bien, una vez requerido para ello, no efectuara el ingreso de la deuda reclamada en los plazos indicados, se iniciará el procedimiento administrativo de apremio para el cobro de la deuda, que podrá incluir el embargo y posterior enajenación del inmueble de que se trate.

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